La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, es una normativa legal en España que establece las reglas y procedimientos que las administraciones públicas deben seguir al interactuar con los ciudadanos y las empresas en asuntos administrativos. Entró en vigor el 2 de octubre de 2016 y es una pieza clave en la regulación de la actuación de las administraciones públicas en el ámbito del procedimiento administrativo.
Algunos aspectos destacados de la Ley 39/2015 incluyen:
- Procedimiento administrativo: La ley establece las reglas generales para la tramitación de procedimientos administrativos, lo que incluye la forma de iniciarlos, la documentación requerida, los plazos para la resolución, la notificación de actos administrativos y los recursos disponibles para los interesados.
- Actuación electrónica: La ley promueve la utilización de medios electrónicos en la relación entre las administraciones públicas y los ciudadanos, lo que incluye la posibilidad de presentar solicitudes y documentos de manera electrónica.
- Plazos y términos: La ley establece plazos máximos para la resolución y notificación de procedimientos administrativos, así como reglas sobre la interrupción y ampliación de estos plazos.
- Recursos administrativos: Regula los recursos administrativos, como el recurso de alzada, el recurso potestativo de reposición y el recurso extraordinario de revisión, que los ciudadanos pueden interponer cuando no estén de acuerdo con los actos administrativos.
- Transparencia y acceso a la información: La ley establece medidas para garantizar el derecho de acceso a la información pública y promover la transparencia en la actuación de las administraciones públicas.
- Participación ciudadana: Fomenta la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones administrativas, especialmente en asuntos que les afectan directamente.
La Ley 39/2015 busca simplificar y agilizar los procedimientos administrativos, aumentar la transparencia y promover la utilización de medios electrónicos en las relaciones con las administraciones públicas. Esto facilita la interacción entre los ciudadanos y las administraciones, reduciendo la burocracia y mejorando la eficiencia en la prestación de servicios públicos.
Es importante que los ciudadanos y las empresas estén familiarizados con esta ley y sus disposiciones al realizar trámites o solicitar servicios a las administraciones públicas en España. Además, es relevante para los funcionarios públicos y aquellos que trabajan en el ámbito de la administración para garantizar el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos en la Ley 39/2015.