La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, es una ley que regula el marco legal para la organización y el funcionamiento del sector público en España. Fue una reforma significativa en el ámbito de la administración pública y entró en vigor el 2 de octubre de 2016. Esta ley tiene un impacto en la estructura y el funcionamiento de las administraciones públicas, así como en las relaciones entre el sector público y los ciudadanos.
Algunos de los aspectos más destacados de la Ley 40/2015 incluyen:
- Principios generales: Establece principios fundamentales de la actuación de las administraciones públicas, como la eficiencia, la eficacia, la transparencia, la responsabilidad, la igualdad, la no discriminación y la colaboración.
- Régimen jurídico: Define el marco legal en el que operan las administraciones públicas, incluyendo las normas para la elaboración y aplicación de normativas, la gestión de recursos públicos y la actuación de los funcionarios públicos.
- Procedimiento administrativo común: Establece un conjunto de reglas para los procedimientos administrativos que deben seguir las administraciones públicas al relacionarse con los ciudadanos y las empresas, incluyendo los plazos para la resolución de trámites, notificaciones, recursos y revisión de actos administrativos.
- Régimen sancionador: Regula el régimen de infracciones y sanciones administrativas, estableciendo criterios para la imposición de sanciones en el ámbito administrativo.
- Régimen de recursos: Establece los procedimientos y recursos para la revisión de actos administrativos, incluyendo recursos administrativos, recursos potestativos de reposición y la vía judicial.
- Colaboración público-privada: La ley regula aspectos relacionados con la colaboración entre el sector público y el sector privado en la gestión de servicios públicos y proyectos de inversión.
- Registro electrónico: Introduce la obligación de que las administraciones públicas ofrezcan servicios a través de medios electrónicos y establece normas para la presentación de solicitudes y documentos de manera electrónica.
La Ley 40/2015 es fundamental para la modernización y la simplificación de la administración pública en España. Ayuda a mejorar la transparencia, la eficiencia y la eficacia en la prestación de servicios públicos, así como a establecer un marco jurídico más claro y coherente en el sector público. Las administraciones públicas y los ciudadanos deben tener en cuenta esta ley al interactuar con el sector público y al cumplir con sus obligaciones y derechos.
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